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¿Los administradores societarios pueden ser demandados por falta de implantación de programas de Compliance?

La implantación de Programas de Compliance en las empresas se está convirtiendo cada día más en una absoluta necesidad.

Como ya hemos analizado en anteriores noticias de nuestro blog, contar con un Plan de Cumplimiento Normativo eficaz e idóneo representa una condición esencial para que la empresa pueda quedar eximida de responsabilidad penal, según lo previsto por el art. 31 bis del Código Penal, y conforme señala reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El interrogante que se plantea ahora mismo a los profesionales del ámbito jurídico, es si la falta de implantación de dichos programas pueda constituir una conducta negligente por la cual los administradores podrían responder frente a la sociedad.

De hecho, la reforma operada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, introdujo cambios sustanciales en el régimen de deberes y responsabilidades de los administradores, reordenando y ampliando el contenido de los mismos, y precisando aún más los deberes de diligencia y lealtad.

En relación al primero de ellos, un aspecto muy relevante es el deber de los administradores de supervisar el desarrollo de la actividad de la sociedad de una forma constante, adoptando medidas de control en los distintos ámbitos de actividad de la sociedad. El deber de lealtad, en cambio, exige a los administradores evitar cualquier situación de conflicto de interés y les impone el deber de guardar secreto empresarial sobre la información a la que tengan acceso en el ejercicio de su cargo, pudiendo llegar el incumplimiento de este deber a configurar incluso un delito de revelación de secretos empresariales previsto por el art. 278 CP.

Volviendo ahora al interrogante planteado, teniendo los administradores el deber de actuar con la diligencia de un “ordenado empresario”, lo que supone la adopción de todas “las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad”, se podría incluir dentro de las debidas medidas de control la instauración de un Programa de Compliance acorde a las características de la empresa, además considerando que el propio Código Penal encomienda al órgano de administración la adopción de dichos programas.

De hecho, no cabe duda de que ante la falta de implantación de Programas de Compliance la empresa estará más expuesta al riesgo de comisión de delitos y tampoco podrá beneficiarse de la eximente de responsabilidad prevista por el art. 31 bis, apartado 2, del Código Penal.

A raíz de lo expuesto, tanto la doctrina, así como miembros del Poder Judicial, plantean la posibilidad de que, una vez condenada penalmente la empresa por la comisión de uno de los delitos previstos por el Código Penal en base a la inexistencia o ineficacia del Programa de Compliance, se presenten acciones de responsabilidad frente a los administradores, con fundamento en la infracción de los deberes de diligencia y de lealtad. Además, cabe recordar que, como ya señalamos anteriormente en nuestro blog, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha recomendado a las compañías de seguros no suscribir pólizas de D&O a directivos cuya empresa no tenga implantado un Programa de Cumplimiento Normativo.

De lo anterior, se desprende que la implantación de Programas de Compliance es siempre más imprescindible e indispensable, en cuanto responde a unas exigencias reales, lo cual no deja lugar a duda sobre la necesidad para los administradores de implementar y ejecutar dichos programas.

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