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Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Compliance Penal

La responsabilidad penal de las personas jurídicas cumple diez años

Este año la reforma que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España cumple 10 años.

La introducción del nuevo régimen supuso un cambio de enorme magnitud en nuestro sistema penal, debido a que anteriormente regía el principio latín “societas delinquere non potest”.

Años después, el legislador profundizó aún más en esta reforma, aprobando la LO 1/2015, de 30 de marzo, la cual introdujo los modelos de cumplimiento o Compliance Programs, como único cauce para que las personas jurídicas puedan verse eximidas de responsabilidad penal.

Ahora bien, resulta sorprendente que, a día de hoy, , sigamos leyendo sentencias de nuestros Tribunales en las que se condenan a empresas por delitos que no les son imputables.

A título de ejemplo, citamos la reciente sentencia del 3 de julio de 2019 del Tribunal Supremo, mediante la que se resolvió el recurso de casación interpuesto por los acusados contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba, la cual había dictado sentencia condenatoria por delitos de hurto y de falsedad en documento mercantil.

La citada Sentencia 338/2019 no es especialmente relevante en materia de Compliance, pues no se está dirimiendo una condena o una absolución en relación a una persona jurídica, ya que el procedimiento penal en ella seguido se dirige en exclusiva contra personas físicas.

No obstante, lo trascendente de la Sentencia es la afirmación contenida en los fundamentos jurídicos, la cual reproducimos a continuación:

“(…) En la misma línea que la sentencia antes citada, en la también reciente sentencia de esta Sala 365/2018 de 18 Jul. 2018, Rec. 2184/2017, apelamos a la necesidad que las empresas tengan programas de cumplimiento normativo internos, como compliance, al objeto de evitar la delincuencia ad intra que se comete en delitos de apropiación indebida, administración desleal, o, como en este caso, delitos de hurto y falsedad documental cometidos dentro de la empresa tanto por empleados (…) o directivos. En estos supuestos ya expusimos que este tipo de programas de cumplimiento del derecho y de fiscalización de su observancia por directivos y empleados evitan, o dificultan, al menos, que se lleven a cabo estas prácticas que, a la larga, se han realizado en estos casos por la propia confianza que existe en quien lleva largo tiempo trabajando y que, además de constituir una agravación de la responsabilidad, supone una deslealtad, por el aprovechamiento que lleva a cabo de realizar el acto a sabiendas de la dificultad de su detección si conjuga actos de apoderamiento con actos de falsedad para enmascarar los primeros, una vez estos ya se han realizado. (…) Precisamente, es el abuso de la confianza en estos casos y la inexistencia de un control interno por medio de un programa de cumplimiento normativo, – compliance-, lo que facilita que el recurrente realice las conductas (…)”.

La redacción del célebre artículo 31 bis del Código Penal no deja lugar a dudas, al indicar, precisamente, que las personas jurídicas serán responsables penalmente “en los supuestos previstos en este Código”.

Es decir, el catálogo de delitos que pueden generar responsabilidad penal para las personas jurídicas conforma un sistema de numerus clausus, de tal forma que dicha responsabilidad solo tendrá lugar en aquellos tipos delictivos para los que expresamente lo prevea el Código Penal, entre los que no se encuentran, a pesar de lo indicado en la Sentencia aquí referenciada, ni la apropiación indebida, ni la administración desleal, ni el hurto, ni la falsedad documental.

Es más, la propia redacción de los tipos penales, en estos casos, no permite atisbo de duda alguno, pues incluye menciones tales como: “Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas: (…)”.

El Fundamento Jurídico que reproducíamos anteriormente hace referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo 365/2018, por lo que el desconocimiento de esta materia ya ha quedado manifestado en más de una ocasión, como también, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo 192/2019.

A pesar de que en materia de Compliance existen pronunciamientos de nuestros Tribunales con argumentarios verdaderamente formidables, lo aquí expuesto no es sino la evidencia de que, en dicha esfera, nuestros Tribunales tienen todavía un largo camino por recorrer.

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