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Canal de Denuncias – Novedades tras la Directiva de la Unión Europea

El DOUE del 26 de noviembre de 2019, ha publicado la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho comunitario, conocidos coloquialmente en inglés como “whistleblowers” con el objetivo de buscar canales eficaces contra la delincuencia y la corrupción.

La Directiva debe ahora trasponerse al Derecho español antes del 17 de diciembre de 2021.

En ella se establece la obligación de establecimiento de canales de denuncia para las entidades del sector público, y del privado que cuenten con más de 50 trabajadores, que permitan a sus empleados, colaboradores u otros terceros que tengan relaciones con las mismas, denunciar las conductas que sean contrarias a la normativa europea. Para las empresas con menos de 50 trabajadores tendremos que esperar a ver cómo España traspone la Directiva, aunque todo apunta que se mantendrán las garantías para el denunciante en relación a la protección de la confidencialidad y prohibición de represalias. De hecho, ya se prevé expresamente en la Directiva la posibilidad para los Estados miembros de imponer dicha obligación también a empresas que tengan menos de 50 empleados, en el caso de que las específicas características de la actividad empresarial comporten un elevado nivel de riesgo, sobre todo en relación con temas medio ambientales o de salud pública.

Los Canales de denuncias fijados en la Directiva pueden ser internos o externos, previendo asimismo la posibilidad que los primeros sean proporcionados externamente por un tercero (como por ejemplo el que proporciona IDBO a través de la web https://idbocanaldedenuncias.es/).

En todo caso, estos canales deberán estar diseñados, establecidos y gestionados de una forma segura que garantice la confidencialidad de la identidad del denunciante y de cualquier persona mencionada en la denuncia, así como un almacenamiento duradero de la información. Asimismo, deberá designarse a una persona o departamento imparcial que sea competente para seguir las denuncias, llevarse un seguimiento diligente de la misma, y proporcionar una respuesta en un plazo no superior a tres meses a partir del acuse de recibo de la denuncia.

Importante igualmente es la obligación de llevar un registro con todas las denuncias.

La Directiva recoge la prohibición de dirigir represalias contra los denunciantes, enumerando, entre otras, las medidas que consistan en suspensión, despido, degradación o denegación de ascensos, cambio de puesto de trabajo, imposición de cualquier medida disciplinaria etc., estableciéndose expresamente medidas de protección a los denunciantes de buena fe.

Por último, la Directiva impone sanciones para quienes impidan o intenten impedir las denuncias, adopten medidas de represalia contra los denunciantes, y para quienes incumplan el deber de mantener la confidencialidad de la identidad de los mismos.

Sin duda la publicación de esta Directiva ha supuesto un paso más en la promoción de la cultura del Compliance, que ha venido para quedarse.

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(FuenteDIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión)

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